ENTRÓ EN VIGENCIA LEY SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, O LEY DE TRANSPARENCIA
Todos los servicios y organismos públicos deberán mantener la información publicada en forma permanente en sus respectivos sitios web.
20/04/09
Hoy lunes 20 de abril entra en vigencia la Ley sobre Acceso a la Información Pública, o Ley de Transparencia, regula el principio de transparencia en la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio de ese derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.
Uno de los principales aspectos de esta Ley es la Transparencia Activa, que se refiere a toda la información que los servicios y organismos públicos deberán mantener publicada en forma permanente en sus respectivos sitios web, a la que se podrá acceder a través del banner Gobierno Transparente. Desde ahora no será necesario que el ciudadano pida o busque la información que necesite, con el gasto de tiempo y energía que ello significa. Será el Estado el que pondrá a su disposición una abundante información de manera fácil, completa y actualizada.
Aquí será posible encontrar las nóminas de quienes trabajan en el Estado y su remuneración mensual, qué servicios y bienes contratan y con quiénes; a quiénes transfieren dineros públicos para realizar sus planes y programas; cuáles son el diseño, los montos y el criterio de acceso a los programas de subsidios y las nóminas de beneficiarios. También se publicará aquí el presupuesto de cada organismo, cómo lo gasta y los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario.
Además, la Ley garantiza el acceso a la información pública a través de la Transparencia Pasiva o Gestión de Solicitudes. Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a solicitar cualquier información a los servicios públicos y a otros poderes del Estado. La autoridad estará obligada a responderles dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia reservada que puede afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad nacional, entre otras causales legales.
Con esta Ley se crea también el Consejo para la Transparencia. Se trata de un organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer normas generales sobre la materia y aplicar sanciones.
Uno de los principales aspectos de esta Ley es la Transparencia Activa, que se refiere a toda la información que los servicios y organismos públicos deberán mantener publicada en forma permanente en sus respectivos sitios web, a la que se podrá acceder a través del banner Gobierno Transparente. Desde ahora no será necesario que el ciudadano pida o busque la información que necesite, con el gasto de tiempo y energía que ello significa. Será el Estado el que pondrá a su disposición una abundante información de manera fácil, completa y actualizada.
Aquí será posible encontrar las nóminas de quienes trabajan en el Estado y su remuneración mensual, qué servicios y bienes contratan y con quiénes; a quiénes transfieren dineros públicos para realizar sus planes y programas; cuáles son el diseño, los montos y el criterio de acceso a los programas de subsidios y las nóminas de beneficiarios. También se publicará aquí el presupuesto de cada organismo, cómo lo gasta y los resultados de las auditorias al ejercicio presupuestario.
Además, la Ley garantiza el acceso a la información pública a través de la Transparencia Pasiva o Gestión de Solicitudes. Todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho a solicitar cualquier información a los servicios públicos y a otros poderes del Estado. La autoridad estará obligada a responderles dentro de un plazo de 20 días hábiles, ya sea entregando la información solicitada o en forma excepcional, informándole que es una materia reservada que puede afectar el interés nacional, la vida privada de las personas o la seguridad nacional, entre otras causales legales.
Con esta Ley se crea también el Consejo para la Transparencia. Se trata de un organismo autónomo con facultad de fiscalizar la aplicación de la ley, proponer normas generales sobre la materia y aplicar sanciones.